NOTA DE PRENSA
- Red Vivienda Cooperativa valora positivamente las medidas de protección a los inquilinos, pero lamenta la falta de una apuesta estructural para ampliar el parque de vivienda social y asequible
- El Gobierno amplía los privilegios fiscales de las SOCIMI, muchas de ellas vinculadas a grandes fondos inmobiliarios, mientras mantiene una tributación más elevada para las cooperativas sin lucro
- El decreto destina 10.000 millones de euros a facilitar la compra de vivienda y rebaja el IVA de la vivienda protegida en venta, pero no el del alquiler social y la cesión de uso, dificultando así su expansión
- Las cooperativas denuncian que la priorización de las sociedades de capital frente a la economía social contradice los mandatos del Congreso, la legislación estatal y las recomendaciones europeas
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Red Vivienda Cooperativa · 14 de octubre de 2026
Red Vivienda Cooperativa considera que el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, supone una oportunidad perdida para ampliar el parque de vivienda social y asequible a largo plazo. Aunque valora positivamente las medidas de protección frente a los desahucios y de mejora de las condiciones de las personas inquilinas, denuncia que las políticas destinadas a fomentar nueva vivienda siguen priorizando la propiedad individual y las sociedades inmobiliarias con ánimo de lucro, mientras dejan atrás el alquiler social, las cooperativas y el conjunto de la economía social.
Para la Red, la crisis habitacional requiere, además de medidas de protección y regulación del mercado, una apuesta estructural por ampliar el parque de vivienda social, especialmente de alquiler y en cesión de uso, mediante modelos de propiedad pública o colectiva que garanticen su asequibilidad a largo plazo. Según la red, “Sin este cambio de orientación, las medidas puntuales difícilmente permitirán superar el problema de fondo”.
Tres desequilibrios principales en el decreto y en las políticas de vivienda
Las cooperativas identifican tres de los principales desequilibrios del Real Decreto-ley y de las políticas de vivienda impulsadas por el gobierno:
- Más privilegios fiscales para las SOCIMI que para las cooperativas sin lucro. Las SOCIMI, muchas de ellas vinculadas a grandes fondos inmobiliarios, tributan con carácter general al 0 % en el Impuesto sobre Sociedades. El decreto amplía las condiciones para que también queden exentos los beneficios no distribuidos cuando gestionan alquiler asequible. En cambio, las cooperativas, que no reparten beneficios y reinvierten sus excedentes en vivienda asequible, mantienen un tipo del 20 %, con posibilidad de bonificaciones sujetas a exigentes requisitos. Esta desigualdad fiscal penaliza la promoción cooperativa: mientras una SOCIMI puede tributar al 0 %, una cooperativa sin ánimo de lucro soporta una tributación entre un 10% y un 20%, encareciendo el coste de la vivienda.
- Se prioriza la compra de vivienda frente al alquiler social. El Gobierno destina 10.000 millones de euros a la línea TU CASA, que ofrece préstamos públicos sin intereses para la compra de vivienda y no ofrece instrumentos equivalentes para cooperativas y entidades sociales. Además, amplía el IVA superreducido del 4 % a la venta de vivienda protegida permanente, favoreciendo su transmisión y la vivienda en propiedad, pero sorprendentemente no aplica esta reducción a la vivienda de alquiler social o en cesión de uso, cuyos costes soportan tipos entre el 10 % y del 21%. Esta desigualdad dificulta la asequibilidad de la vivienda social en alquiler y contradice la necesidad de ampliar el insuficiente parque de alquiler social y reducir su desequilibrio respecto a la vivienda en propiedad, alejándose de las prioridades del propio Plan Estatal de Vivienda y de las recomendaciones europeas.
- La economía social queda excluida de la financiación del ICO y de determinados instrumentos de financiación pública. El decreto refuerza una línea de avales del ICO de hasta 2.000 millones de euros para ampliar el parque de alquiler social o asequible, pero no incluye el modelo en cesión de uso, excluyendo este modelo cooperativo y contradiciendo la equiparación entre alquiler y cesión de uso del propio Plan Estatal de Vivienda. Paralelamente, las condiciones generales de la línea de financiación del ICO, vinculada al fondo España Crece, exigen que los beneficiarios sean sociedades de capital, excluyendo a las organizaciones de la economía social, sólo por su forma jurídica, también contradiciendo la propia Ley 5/2011 de Economía Social.
El Gobierno desatiende las propuestas del sector y aplaza el reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda
Durante la elaboración del decreto, la Red propuso al Ministerio medidas para facilitar el desarrollo de vivienda social desde la economía social: una fiscalidad adecuada, fomentar el alquiler y cesión de uso, eliminar barreras de acceso al suelo y la financiación, y adaptar la normativa urbanística y de vivienda. Ninguna se ha incorporado, pese a ser medidas que buscan ampliar el parque de vivienda asequible y sin lucro.
Asimismo, diversas entidades sociales han reclamado el reconocimiento de los proveedores sociales de vivienda y una fiscalidad acorde con su función de interés general y con la ausencia o limitación del reparto de beneficios en la promoción y gestión de vivienda.
Sin embargo, el decreto establece un plazo de seis meses para regular mediante reglamento el reconocimiento de estos proveedores, mientras que las mejoras fiscales quedan pendientes de una futura reforma legal, ya que no pueden aprobarse por vía reglamentaria. La red denuncia que “mientras los beneficios fiscales para las sociedades inmobiliarias se aprueban de inmediato, el reconocimiento y el apoyo efectivo a las entidades sin ánimo de lucro siguen pendientes”.
Las cooperativas exigen un cambio en las políticas de vivienda
Ante esta situación, Red Vivienda Cooperativa reclama al Gobierno y a los grupos parlamentarios un cambio de rumbo y la adopción de medidas concretas:
- Corregir el trato fiscal profundamente injusto entre las SOCIMI y las cooperativas, reconociendo la función social de las entidades sin ánimo de lucro que reinvierten sus excedentes en vivienda social y asequible.
- Eliminar las barreras de acceso a la financiación del ICO y garantizar que las entidades de la economía social puedan acceder adecuadamente a los instrumentos públicos de fomento de la vivienda asequible.
- Reconocer y apoyar a las entidades de la economía social, incluidas cooperativas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, como agentes fundamentales para ampliar y gestionar el parque de vivienda social y asequible.
- Agilizar la actuación de Casa 47 para movilizar suelo, edificios y patrimonio público en desuso mediante la colaboración con entidades de la economía social.
- Fomentar el alquiler social, extendiendo el IVA superreducido del 4% a la construcción de viviendas con protección permanente de alquiler o cesión de uso.
Red Vivienda Cooperativa iniciará acciones de comunicación y denuncia pública para visibilizar estas contradicciones y reclamar cambios efectivos en las políticas de fomento de la vivienda social y asequible. Asimismo, pide al Gobierno que abra un diálogo con el sector para incorporar sus propuestas y reconocer el papel fundamental de la economía social en la solución de la crisis de vivienda.
«Pedimos que las políticas públicas sean coherentes con sus propios objetivos. Si queremos ampliar el parque de vivienda asequible, hay que dejar de poner trabas a las entidades de la economía social y empezar a apoyar de verdad a quienes construimos vivienda sin ánimo de lucro y de interés general» se afirma desde la propia red.
Red de Vivienda Cooperativa es la entidad representativa de la vivienda cooperativa en cesión de uso y la organización reconocida por Housing Europe
La vivienda cooperativa en cesión de uso es un modelo donde la propiedad del inmueble permanece en la cooperativa, adjudicando el uso de la vivienda a las personas socias, a cambio principalmente de cuotas mensuales, en un modelo equivalente al alquiler pero a precio de coste y sin lucro. La cooperativa se gestiona democráticamente y, al no repartirse beneficios ni transmitirse las viviendas, se mantienen las viviendas fuera de la lógica especulativa permanentemente y asegura la asequibilidad a largo plazo..
Red Vivienda Cooperativa es la entidad representativa del sector de la vivienda cooperativa en cesión de uso en España. Articula más de 210 proyectos y diversas redes territoriales en todo el Estado. Es miembro de pleno derecho de Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social, que reúne a 44 federaciones nacionales y regionales y 16 organizaciones asociadas de 31 países, representando alrededor de 25 millones de viviendas. Asimismo, forma parte de REAS Red de Redes como su red sectorial de vivienda. REAS, referente estatal de la Economía Social y Solidaria, agrupa a más de 1.000 entidades y empresas y a unas 300.000 personas en todo el Estado.
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